Falta plata para frenar desnutrición en la Guajira

El Estado deberá responder ante la CIDH por la desviación del río Ranchería. FOTO DONALDO ZULUAGA

Hasta enero de 2016 se sabrá a ciencia cierta cuál es la situación de los niños que habitan en Uribia, Manaure y Maicao, municipios de La Guajira afectados por la desnutrición infantil. En estas zonas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) adelanta un estudio de “microfocalización” que permitirá identificar la “vulnerabilidad nutricional” de la zona. El lunes, el presidente Juan Manuel Santos ordenó ampliar este estudio a nivel departamental. Sin embargo, a la fecha no existe un plan ni un presupuesto para sacar adelante el estudio.
Este análisis es clave para aumentar la cobertura de programas de seguridad alimentaria en la región. Según el informe de la Defensoría del Pueblo sobre La Guajira, 2.065 niños no tienen atención del Estado y “solo 158 están en programas de primera infancia por parte del ICBF”. Sin embargo, ayer la directora del organismo, Cristina Plazas, dijo que la entidad ha atendido a 59.000 niños en el departamento.
Para algunos líderes de la zona la situación es más preocupante. Según ellos, en los últimos ocho años han muerto 5.000 niños en La Guajira, en su mayoría pertenecientes a los indígenas wayúu. El lunes pasado, el presidente Santos señaló que esa cifra “no tiene ningún asidero”. Según el mandatario, en los últimos ocho años han muerto 294 niños. “Suponiendo un subregistro grande, el Dane estima que la cifra puede subir a 425 casos en ocho años. La cifra que aquí se circuló el año pasado llegó a 48 de casos”, dijo.
En lo corrido de 2015, según la Defensoría del Pueblo, han fallecido 11 niños por desnutrición. “En el 2013 se presentaron 26 muertes por desnutrición. Si lo comparamos con el 2014, llegamos a 48, más del 184 por ciento de incremento”, señaló el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.
El problema, como lo admitió el presidente Santos, es que el ICBF ni siquiera cuenta con un censo del departamento que permita identificar cuáles son las familias que necesitan ayuda. Por esta razón ordenó ampliar el censo en La Guajira, y no limitarse a tres municipios.
El censo
Ana María Ángel, directora de Nutrición del ICBF, explicó a este diario que aproximadamente en un mes comenzará la segunda fase del estudio de microfocalización en los tres municipios. Para esta labor invirtieron en la primera fase 2.474 millones de pesos. En la segunda invertirán 5.600 millones.
La meta es que en noviembre, por tarde, el ICBF cuente con los datos de los tres municipios para entregar el informe final en diciembre. El estudio está a cargo de la Fundación para el Trabajo, Desarrollo y Progreso de las Comunidades (Maná). El Instituto, en 2014, firmó un contrato con esta fundación por 218.937 millones de pesos para la entrega de alimentos en La Guajira.
Hoy la fundación adelanta la contratación para comenzar la segunda fase del estudio que incluye psicólogos, nutricionistas, antropólogos, entre otros. El objetivo es que los equipos estén en terreno en julio para reanudar la recolección de datos.
En el ICBF son conscientes de que el censo puede demorarse por factores climáticos que dificultan los recorridos y por los permisos que necesitan de las autoridades indígenas para ingresar a recolectar datos. Para hacer un censo en el departamento necesitarían más tiempo y más recursos.
Lucha por el agua
La visita de Santos a la Guajira coincidió el trámite que adelanta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desviación del río Ranchería. El Estado deberá responder por los daños que supuestamente estaría generando la mina de El Cerrejón sobre el afluente.
Según el Ministerio de Vivienda, se han invertido 33 mil millones de pesos para exploración de 124 fuentes de agua allí. Santos prometió inaugurar 100 pozos en el departamento, 67 ya están contratados.

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