Perdemos con las regalías

"Es irónico que, mientras el Congreso de la República aún no ha aprobado la reforma del sistema de regalías, el gobierno esté anunciando ya, con bombos y platillos, los megaproyectos que se financiarán con esos recursos".

Jorge Ballestereso Bernier.

A tiempo que el país parece celebrar el llamado boom minero-energético (recordemos que las reservas de carbón de La Guajira se estiman en 100 años), seguimos expectantes del destino final de los dineros que la nación recibe por explotación de sus recursos.

Es irónico que, mientras el Congreso de la República aún no ha aprobado la reforma del sistema de regalías, el gobierno esté anunciando ya, con bombos y platillos, los megaproyectos que se financiarán con esos recursos.

De hecho, el pasado 9 de febrero, la Región Pacífico se convirtió oficialmente en la primera en Colombia que tendrá estructurados los proyectos a financiar con el nuevo sistema de regalías, según anunció del ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri ante los gobernadores del Valle, Cauca, Nariño y Chocó.

Hasta el cansancio, defenderemos el derecho de los guajiros y cesarenses a recibir el beneficio directo de las regalías del carbón, porque esos recursos benefician cuatro sectores claves para su desarrollo: educación, salud, infraestructura y nutrición.

El primer afectado es el sector educativo que, en el caso de La Guajira, dejará de recibir cerca de 18 mil millones de pesos si se aprueba el acto legislativo 013 que cursa en el Congreso, lo que significa que miles de nuestros niños y jóvenes no disfrutarán ya más de la gratuidad y, por si fuera poco, el mejoramiento de la educación entrará en lamentable estancamiento.

Suena contradictorio si nos atenemos a un documento del propio Departamento Nacional de Planeación, que proyectó la agenda interna para la productividad y la competitividad: “La Guajira, en los próximos 15 años, será un centro minero, industrial, agropecuario y comercial del Caribe colombiano, posicionado internacionalmente como una oferta nacional exportable, articulado al resto del país. Compuesto por una sociedad productiva y competitiva con liderazgo internacional y habitada por ciudadanos que gozarán mejor calidad de vida”.

Se pregunta uno si tanta belleza podrá ser realidad, en medio de la crítica situación social de La Guajira, particularmente la situación de pobreza y pobreza extrema que afecta al mayor porcentaje de la población, sin contar que los indicadores sociales lo tienen, lamentablemente, liderando las tablas de Necesidades Básicas Insatisfechas.

El presidente Santos, en plena campaña presidencial, el 29 de abril, en el centro de convenciones Anais Mai fue claro al señalar que si llegaba a la Casa de Nariño destinaría el diez por ciento de las regalías al sector de la educación.
Hay que reseñar aquí los cuestionamientos que hace en su último número la revista Supuestos de la Universidad de los Andes por el aporte social que ha venido cumpliendo El Cerrejón en el tiempo de operaciones en territorio guajiro. “…se ha criticado al Cerrejón por generar insuficiente participación nativa en la fuerza laboral…. a pesar de que casi la mitad de la población del departamento es indígena, se calcula que sólo el 1% de los trabajadores lo son… sólo el 10% de las compras y contratos que ejecuta el proyecto anualmente tienen lugar en el país, y sólo el 1% en La Guajira”.

Adicionalmente, cabe recordar los requerimientos hechos por la Universidad de La Guajira contra Cerrejón Zona Norte y Carbones Colombianos del Cerrejón por incumplimiento de la Ordenanza número 065 del 2.002 (Estatuto de Rentas Departamental), que obliga a dichas empresas a pagarle a ésta el 2% de los contratos suscritos, actitud que afecta directamente la calidad de la educación superior que se imparte en el alma máter.

¿Qué hacer entonces? Es necesario que gobierno y autoridades locales, y por qué no, la misma academia, tracen la ruta que debiera seguir nuestra región para garantizar que las reservas de carbón, traigan no sólo progreso para la empresa privada que tiene el privilegio de explotarlo, sino condiciones sociales en niveles decorosos para los habitantes.

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