Impedir que los delincuentes sigan sentando sus reales en este departamento es tarea del Gobierno, de la justicia y, sobre todo, de los guajiros, ahora que se avecinan las elecciones.
Son preocupantes y tenebrosas las noticias que llegan de La Guajira. Ese departamento de estratégica ubicación geográfica, pero históricamente relegado por los gobiernos centrales, enfrenta de nuevo un clima de zozobra que muchos asocian con los líos penales del gobernador Francisco ‘Kiko’ Gómez y con las elecciones para Congreso de marzo próximo.
El médico Jorge Daza, asesinado hace una semana en Barranquilla, es la víctima más reciente de una escalada de violencia que, según autoridades y líderes de la región, está directamente ligada a lo que se vive en aquel departamento del norte del país.
Las inquietantes informaciones publicadas en las últimas semanas por este diario y otros medios muestran a las claras que las acciones de la justicia en los últimos meses –que llevaron incluso al Gobernador a la cárcel por señalados nexos con ‘paras’ y bandas criminales– no son suficientes. Esto, porque son varias las mafias que se mueven para lograr o conservar el poder en un departamento que, a pesar de ser uno de los emporios mineros del país, tiene a la mayor parte de sus habitantes en la pobreza por causa de la corrupción, el desinterés de Bogotá, la incidencia de oscuros poderes y –hay que decirlo– una histórica cultura del atajo que ha permitido que el favor popular se incline por candidatos seriamente cuestionados. Que fue, precisamente, lo que pasó con el gobernador Gómez en el 2011, a pesar de todas las alertas.
No es esta, ni mucho menos, la primera campaña en la que los violentos quieren imponer sus oscuros intereses allí. Desde estas mismas páginas, tras la captura del Gobernador, se recordó cómo la catarsis de las investigaciones de la ‘parapolítica’, que lograron alejar al menos temporalmente del poder a las fichas de las autodefensas ilegales, prácticamente no tocaron a esa zona.
Eso, a pesar de que nadie duda del poder que tuvo el jefe paramilitar ‘Jorge 40’ durante más de una década en toda la región norte de Colombia. La prevalencia política del actual gobernador es, de hecho, reflejo y producto del poco interés que hasta ahora han mostrado las autoridades en general y la justicia en particular por lo que pasa y ha pasado en la península.
Pero nunca es tarde. Impedir que los delincuentes sigan sentando sus reales a sangre, fuego e intimidaciones es tarea de todos. La Guajira no puede seguir siendo una punta del país casi aislada. Es una inaplazable labor de la justicia esclarecer cuanto antes la situación judicial de Gómez y poner a buen recaudo a personajes tenebrosos como ‘Marquitos’ Figueroa, cercano al gobernador y señalado como el jefe de los sicarios que asustan en toda la Costa.
Así mismo, ahora más que nunca, el Gobierno Nacional debe impedir que la administración del departamento –que está en manos de un encargado– la utilicen indebidamente para hacer política los sectores legales e ilegales, que tradicionalmente han medrado del presupuesto y las regalías. Que seguramente son el botín por el que ha corrido la sangre.
Pero, más cuando se avecina una contienda política, es a los propios guajiros a quienes les corresponde una tarea vital. Ellos, con valor, pensando más en el futuro político y social del departamento, en la tranquilidad ciudadana, tienen que romper los lazos de indiferencia y tolerancia frente a los ilegales. Las elecciones que están por llegar son una oportunidad inmejorable para hacer llegar ese mensaje. O sea, no cohonestar con quienes tanto daño les están causando.
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