Contralora imputará cargos al gobernador de la Guajira y a ocho de sus funcionarios

Por: Francy Sepúlveda.

Responderán por detrimento patrimonial que supera los 2.000 millones de pesos en contratación con recursos de regalías directas.

La Contraloría General de la República (CGR) imputará cargos, dentro del proceso de responsabilidad fiscal, al gobernador de La Guajira, Jorge Pérez Bernier y a ocho funcionarios más de la administración departamental, por un presunto detrimento patrimonial que superaría los 2.000 millones de pesos, por la firma de contratos de obra que serían ejecutados con recursos de regalías directas.

De acuerdo con los resultados de una auditoría realizada por la CGR, la Gobernación habría incurrido en irregularidades en el proceso de contratación y ejecución de planes de infraestructura educativa, deportiva y turística para el departamento de La Guajira.

Entre los funcionarios de la administración departamental que deberán responder dentro del proceso de responsabilidad fiscal figuran:

Jorge Pérez Bernier, actual gobernador de La Guajira.
Jorge Barliza Illigde, gobernador encargado.
Alfonso Barro Arévalo, secretario de Educación.
Yussica Barros, jefe de la Oficina Jurídica.
Astrid Hernández Iguarán, jefe de Planeación.
Georin Blanchar Díaz, secretario de Obras.
Nelvis Gutiérrez, secretario de Hacienda.
Dinora Sierra, jefe de Contratación.
Eder Vizcaino, director de Cultura.

La Contraloría encontró presuntas irregularidades en la etapa pre-contractual, contractual y en la ejecución de los siguientes contratos:

- 770 de 2009 suscrito con la Unión Temporal Norte, cuyo objeto es la ejecución del Plan de Infraestructura deportiva departamental;

- 787 de 2009 suscrito con la Unión Temporal Deporte, para la construcción del Plan de Infraestructura deportiva; y

- 788 de 2009 suscrito con la Unión Temporal Turismo Guajiro, para la ejecución de Plan de Infraestructura turística departamental.

Al igual que a los funcionarios departamentales, la Contraloría General de la República también incluirá en el proceso de responsabilidad fiscal a las Uniones Temporales y llamará a audiencia verbal a todos los implicados en enero próximo.

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