A propósito de un despropósito.

Por: Amilkar Acosta Medina.
Recientemente se le ocurrió al acaudalado banquero, Luis Carlos Sarmiento Angulo “que la tributación requerida para consolidar la paz en Colombia debe tener un límite de condición objetiva frente al orden público y una fuente general”. En plata blanca, planteó la necesidad de darle permanencia al impuesto al patrimonio para financiar la “seguridad democrática” y ampliar la base del mismo. Hasta ahora se aplica sólo a aquellos contribuyentes con patrimonio superior a los $3.000 millones, aproximadamente 7.400, su propuesta busca extenderlo al grueso de los contribuyentes, con el socorrido argumento de que todos somos beneficiarios de los logros que se le atribuyen. Ni corto ni perezoso, el Presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez, en un altisonante discurso en una parada militar planteó la conveniencia de acoger dicha propuesta, alegando las dificultades fiscales que se avizoran, las cuales podrían poner a tambalear la “seguridad democrática”, que es considerada por él como la joya de la corona. El gobierno no termina de ponerse de acuerdo, pues mientras el Presidente la defiende, el Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, titubea y el Ministro de la Defensa, Juan M Santos, en trance de aspiración presidencial, se opone. Además acotó que “no se requiere el volumen de recursos que se ha venido invirtiendo en estos últimos 2 años y que se seguirá invirtiendo hasta el año 2010 (. . .) las inversiones que hemos hecho entre el 2007 y el 2010 no son inversiones que generen gastos recurrentes por un monto similar después de 2011, porque son inversiones de una sola vez”.

LA RECURRENCIA DE LOS GASTOS

En su momento, cuando se aprobó el impuesto de “guerra”, que es como se le conoce, se dijo que tendría carácter temporal, sin embargo se prorrogó su vigencia hasta el 2010 a través de la Ley 1111 de 2006 que reformó el Estatuto tributario. Se dijo entonces que los recursos que se recaudaran por este concepto, se aplicarían a la compra de equipos de tierra, mar y aire, se repotenciarían aquellos susceptibles de ello; pero ahora nos enteramos a través de las declaraciones del Viceministro de la Defensa que más del 30% de ellos se han venido destinando a gastos recurrentes. Este no es el único caso en el que se financian gastos permanentes con una fuente de recursos temporales, atentando contra la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y este es el problema, porque los otros son gastos que conllevan erogaciones por una sola vez. Pero, la realidad es que la preocupación que invade al gobierno por sus afugias fiscales va mucho más allá de la “seguridad democrática”. Cuando se aprobó el presupuesto de 2009 la Contraloría General conceptuó que el mismo estaba desfinanciado, situación que ahora con la crisis se torna dramática. El menor crecimiento de la economía afecta el recaudo, de hecho, según declaraciones del Director de la DIAN en el primer trimestre de este año el recaudo de impuestos estuvo por debajo de la meta en $700.000 millones. Y lo peor está por venir, porque para el 2010 además de la caída en los recaudos las utilidades que el Banco de la República le transfiere al gobierno central caerán sensiblemente, lo mismo que las regalías. Pero a estos entuertos se viene a sumar la perforación de la base impositiva por la profusión de exenciones, exclusiones, deducciones y descuentos tributarios al gran capital. El monto de estas gabelas impositivas le pisa los talones a los $8.5 billones que se espera recaudar al término de la vigencia del impuesto de marras.

EL BLINDAJE DEL GRAN CAPITAL

Para tapar este hueco fiscal cada día mayor no hay sino uno de tres caminos: el ajuste fiscal a través de recortes al gasto, el mayor endeudamiento o una nueva reforma tributaria. Lo cierto es que después de la última reforma en 2006 han tenido lugar varias reformas tributarias solapadas; o acaso no es reforma tributaria los cambios que se le introdujeron al régimen de las zonas francas a través de la Ley 1004 de 2005, que les baja los impuestos de renta a las que se establezcan del 33% al 15%; el efecto residual del descuento del 40% sobre la reinversión de utilidades e incluso el impuesto disfrazado a través del sobreprecio de la gasolina. Y mientras tanto, en razón de la coyuntura preelectoral se elude hablar directamente de una eventual reforma tributaria, porque no es políticamente correcto hacerlo en este momento. Ya han surgido propuestas, como las de ANIF: subir 2 puntos al impuesto de renta o al IVA o eliminar parcialmente los beneficios tributarios. Otros más osados, insisten en generalizar el impuesto al patrimonio con destinación específica para la financiación de la “seguridad democrática”. Lo cierto es que si se opta por esta vía, más de 42 empresas a las que se les han aprobado contratos de estabilidad jurídica al amparo de la Ley 963 de 2005 estarán a salvo de esta mayor carga impositiva. Como lo afirma el Ministro de Hacienda “quienes tienen contratos de estabilidad jurídica no lo pagarían porque ellos ya aseguraron, a través del contrato, el hecho de que no se les establezca una nueva carga tributaria. Eso es claro”. Esto es lo que llaman pomposamente “confianza inversionista”, la cual se le garantiza discriminatoriamente a unos cuantos a costillas de los demás que terminan convertidos en paganines, lo cual además de injusto es inequitativo, pues acentúa aún más la regresividad de la estructura impositiva. Y de contera, por la vía de las vigencias futuras ilimitadas, como en el caso del proyectado tren de cercanías y el transmilenio para Bogotá, este gobierno va a dejar seriamente comprometidas las finanzas a futuro, de modo que quien llegue a ejercer la presidencia en el próximo cuatrienio incluido el mismo Uribe va a tener en ellas una especie de camisa de fuerza para cuerdos. No hay derecho, así como se han desbarajustado las instituciones, se han desarbolado las finanzas públicas.

UNA LUPA, POR FAVOR

Por último, tenemos que decir que los recursos para la defensa tienen un peso cada vez mayor en el presupuestoñ en los últimos años se han venido incrementando a un ritmo del 9.7% anual, muy por encima del índice de inflación y practicamente el doble que el presupuesto, que ha crecido en promedio el 4.9%, todo ello en desmedro de lo social. De modo que tan cuantiosos recursos no se pueden seguir incrementando así, a la bulla de los cocos, sin que se conosca a ciencia cierta qué tanta eficacia y eficiencia se ha dado en la ejecución de los mismos. Ya es hora de hacer un alto en el camino y hacer una seria y rigurosa evaluación al respecto. La misma “seguridad democrática” debe ser objeto de un análisis minucioso, detallada el país no puede seguir tragando entero, so pretexto de que en tratándose de la seguridad todo vale; aspectos como los falsos positivos, las interceptaciones telefónicas y seguimientos a magistrados, periodistas, intelectuales y dirigentes políticos, así como el uso y el abuso de los fondos reservados deben ser examinados a la luz del día. La “seguridad democrática” debe recibirse con beneficio de inventario no a rajatabla, en aras de la transparencia y la perdurabilidad de sus logros. A todas estas circunstancias se viene a sumar la inoportunidad de decretar más impuestos, dada la coyuntura actual de una economía zarandeada y abatida por el coletazo de la crisis global, que aconseja más bien aliviar las cargas impositivas en procura de reanimarla.

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